16 nov 2026
El próximo 29 de noviembre, los españoles no solo elegirán la nueva composición del Parlamento, sino también el rumbo político que seguirá el país durante los próximos años. ¿Cómo serán los impuestos? ¿Será más fácil acceder a una vivienda? ¿Qué cambios habrá en la política migratoria, las pensiones, la sanidad y la educación? Las respuestas a estas preguntas dependerán en gran medida de las fuerzas políticas que consigan formar gobierno.
Durante la campaña electoral, los partidos plantean diferentes soluciones para afrontar los mismos problemas. Unos apuestan por reducir los impuestos y limitar la intervención del Estado; otros, por ampliar las garantías sociales y reforzar el papel de los poderes públicos en la economía. Hemos reunido los programas electorales y las propuestas oficiales de seis fuerzas políticas para comparar sus posiciones sobre los principales asuntos y ofrecer a los lectores la posibilidad de valorar por sí mismos qué cambios propone cada una para España.
Qué indican las encuestas
Según la media de los 22 sondeos publicados durante noviembre y recopilados por Onda Cero hasta el 15 de noviembre, el Partido Popular (PP) encabeza las estimaciones con un 31 % de los votos. El PSOE obtiene un 27,3 %, VOX un 18,8 %, Frente Amplio un 7 %, SALF un 1,9 % y Podemos un 1,8 %.

Partido Popular (PP)
Vivienda y alquiler: derogación de la actual Ley de Vivienda y de las zonas de mercado residencial tensionado; garantías públicas de hasta el 20 % del precio de la vivienda para compradores menores de 40 años; incentivos fiscales para el alquiler de larga duración; agilización de los procedimientos de desalojo de ocupantes ilegales.
Impuestos y economía: reducción del IRPF para las rentas medias y bajas, los jóvenes, las familias y los autónomos; exención del IRPF durante el primer año de trabajo para los menores de 35 años; actualización de los tramos del impuesto para tener en cuenta la inflación; IVA al 0 % para los productos básicos durante los periodos de crisis inflacionaria.
Inmigración: rechazo a las regularizaciones masivas; retorno de los inmigrantes en situación irregular sujetos a órdenes de expulsión; endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia por arraigo.
Pensiones y protección social: revalorización anual de las pensiones conforme al IPC; recuperación del Pacto de Toledo.
Sanidad y educación: pacto nacional por la sanidad y reducción de las listas de espera; educación infantil gratuita de 0 a 3 años; garantía del derecho a recibir enseñanza en español en todas las comunidades autónomas.
Seguridad y justicia: derogación de la Ley de Amnistía; reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ para que los jueces elijan a sus representantes; ampliación de los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable.
Administración pública: mantenimiento de la unidad del sistema tributario y de la Seguridad Social; refuerzo del papel del español en la actividad del Congreso; reducción de las trabas administrativas.
Otras propuestas: prolongación de la actividad de las centrales nucleares y abandono del calendario actual de cierre; derogación de la Ley de Memoria Democrática y aprobación de una ley de concordia nacional.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Vivienda y alquiler: creación de un parque público de 100.000 viviendas a través de Casa 47; inversión anual del 1 % del PIB en política de vivienda; garantías públicas para facilitar el acceso de los jóvenes a las hipotecas; mayor presión fiscal sobre los grandes fondos propietarios de viviendas; congelación temporal de las rentas que superen los índices establecidos en las zonas de mercado tensionado.
Impuestos y economía: mayor tributación de las grandes fortunas; crédito fiscal reembolsable para las familias con hijos; ajustes del IRPF para compensar el aumento de los precios; refuerzo de la tasa Tobin; reducción progresiva de la jornada laboral, primero a 37,5 y posteriormente a 35 horas semanales.
Inmigración: Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, dotado con 500 millones de euros; ampliación de las vías legales de acceso a la protección internacional.
Pensiones y protección social: reconocimiento constitucional de la revalorización obligatoria de las pensiones conforme al IPC; ampliación de las garantías sociales para las familias y las personas que necesitan cuidados.
Sanidad y educación: prioridad de la gestión pública directa de los centros sanitarios; limitación de la privatización; incorporación de la atención odontológica básica para adultos al sistema público de salud; acceso universal a la educación infantil de 0 a 3 años.
Seguridad y justicia: continuación de la lucha contra la ocupación ilegal mediante la agilización de los procedimientos judiciales; reconocimiento constitucional del derecho al aborto.
Administración pública: transformación del Senado en una cámara de representación territorial; ampliación del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento y en la Administración central.
Otras propuestas: mantenimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares hasta 2035; limitación de determinados vuelos nacionales cuando exista una conexión ferroviaria directa.
VOX
Vivienda y alquiler: derogación de la Ley de Vivienda; IVA al 0 % en la compra de la primera vivienda de obra nueva; exención total del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda de segunda mano; desalojo de ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas; prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a la vivienda social y a las ayudas al alquiler.
Impuestos y economía: reducción del IRPF en función del número de hijos; rebaja del IVA de los productos de primera necesidad y del impuesto de sociedades; cuota cero para los autónomos cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo.
Inmigración: rechazo a las regularizaciones masivas; expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos graves o reincidan en la comisión de delitos; retorno de los menores migrantes no acompañados a sus familias; refuerzo del control fronterizo.
Pensiones y protección social: ampliación de las medidas de apoyo a las familias y al fomento de la natalidad; extensión de los beneficios destinados a las familias numerosas a todas las familias desde el primer hijo.
Sanidad y educación: colaboración público-privada para reducir las listas de espera sanitarias; libertad de elección de centro educativo; educación gratuita de 0 a 3 años; garantía de la enseñanza en español en todo el país.
Seguridad y justicia: ampliación de los supuestos de aplicación de la prisión permanente revisable; reducción de la edad de responsabilidad penal de los menores; elección de los representantes del CGPJ por parte de los jueces; posibilidad de ilegalizar partidos que se opongan a la unidad de España.
Administración pública: refuerzo de la centralización y de la unidad del Estado; rechazo a nuevas transferencias de competencias a las comunidades autónomas; mayor control del Gobierno central sobre las cuestiones relacionadas con la unidad nacional.
Otras propuestas: eliminación del calendario de cierre de las centrales nucleares; revisión de la legislación sobre memoria democrática.
Frente Amplio
La coalición, integrada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, apuesta por ampliar el sector público, redistribuir la riqueza y reforzar las garantías sociales.
Vivienda y alquiler: creación de un parque público de 1,5 millones de viviendas en alquiler en un plazo de 12 años; inversión anual del 1 % del PIB en construcción de vivienda; limitación de los alquileres en las zonas de mercado tensionado; prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de fondos de inversión y empresas; prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin ofrecerles una alternativa habitacional.
Impuestos y economía: aumento de la tributación de las grandes fortunas; limitación de las grandes herencias; reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales sin disminución salarial; aumento del salario mínimo hasta el 60 % del salario medio neto.
Inmigración: ampliación de los derechos de las personas migrantes y de las vías legales de migración; desarrollo de políticas de integración y protección de los derechos de los extranjeros.
Pensiones y protección social: recuperación de la edad de jubilación a los 65 años; prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por cada hijo; ampliación de los servicios públicos de cuidados y atención a personas dependientes.
Sanidad y educación: aumento del gasto público en sanidad hasta el 8 % del PIB y en educación hasta el 7 %; ampliación del acceso a los servicios públicos sanitarios y educativos.
Seguridad y justicia: refuerzo de la protección jurídica de los colectivos vulnerables; revisión de los enfoques de las políticas públicas de seguridad y justicia.
Administración pública: ampliación del papel del Estado en la política de vivienda, la protección social y la prestación de servicios públicos; mayor regulación del mercado inmobiliario y de los grandes agentes económicos.
Otras propuestas: reducción del gasto militar; prohibición legal de las exportaciones de armas a Israel mientras persistan la ocupación y el riesgo de genocidio; comedor escolar gratuito.
Podemos
Durante la campaña, Podemos utiliza el lema «Paz, casa y trabajo». Entre las principales prioridades políticas del partido figuran la reducción del coste de la vida, el acceso a una vivienda asequible, la defensa de los derechos laborales, la justicia social y el rechazo al aumento del gasto militar.
Las siguientes medidas recogen sus principales propuestas y prioridades electorales.
Vivienda y alquiler: mayor intervención pública en el mercado inmobiliario; medidas contra la especulación; ampliación del acceso a la vivienda para los jóvenes y las familias con rentas bajas.
Impuestos y economía: reducción del coste de la vida; mejora de las condiciones laborales.
Inmigración: defensa de los derechos de las personas migrantes y desarrollo de políticas de integración.
Pensiones y protección social: ampliación de las garantías sociales y apoyo a los colectivos más vulnerables.
Sanidad y educación: protección y refuerzo de los servicios públicos sanitarios y educativos.
Seguridad y justicia: defensa de los derechos y libertades civiles; lucha contra la discriminación.
Administración pública: fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los mecanismos de control ciudadano.
Otras propuestas: rechazo a la participación en conflictos bélicos y oposición al aumento del gasto militar; feminismo y justicia social como principales ejes políticos.
Se Acabó La Fiesta (SALF)
El programa electoral de SALF, titulado «Contrato Electoral Simplificado. Generales 2026», recoge propuestas sobre reforma fiscal, política de vivienda, inmigración, sistema de pensiones y reducción del aparato administrativo del Estado.
Vivienda y alquiler: reducción de al menos un 35 % del coste de adquisición de la primera vivienda; eliminación de los impuestos asociados a la primera vivienda; acceso a hipotecas para compradores menores de 45 años; puesta a disposición de suelo; desalojo de ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas.
Impuestos y economía: exención del IRPF para los primeros 35.000 euros de ingresos anuales; eliminación total de las cuotas de los autónomos; reducción del impuesto de sociedades al 20 % y al 15 % para los beneficios reinvertidos; supresión de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y patrimonio; limitación de la capacidad de aumentar la presión fiscal.
Inmigración: únicamente inmigración legal; expulsión de inmigrantes en situación irregular en un plazo de 48 horas; moratoria a la inmigración procedente de países que no colaboren en la lucha contra la trata de personas y en el retorno de sus ciudadanos; visados vinculados a contratos de trabajo y cuotas anuales; endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad.
Pensiones y protección social: revalorización de las pensiones conforme al IPC, con protección constitucional frente a posibles recortes; pensión mínima de 1.000 euros para quienes acrediten 35 años cotizados; sistema mixto con cuentas individuales de capitalización heredables para los trabajadores menores de 45 años; posibilidad de percibir la pensión completa y continuar trabajando.
Sanidad y educación: intervención quirúrgica en un plazo máximo de 60 días y, en caso de incumplimiento, posibilidad de elegir un centro público o privado con cargo al sistema sanitario; aumento salarial del 20 % para los médicos y del 10 % para el resto del personal sanitario; sistema unificado de compras; ampliación del número de camas hospitalarias; cheque escolar válido en centros públicos, concertados y privados.
Seguridad y justicia: endurecimiento de las penas por delitos graves; mayor protección para los trabajadores de la seguridad privada; ampliación de las competencias y los recursos de las unidades de investigación; refuerzo de las medidas contra la corrupción.
Administración pública: reducción del número de ministerios de 22 a 10 y de las vicepresidencias del Gobierno de tres a una; reducción del número de altos cargos y asesores; disminución del número de organismos públicos; simplificación de las declaraciones tributarias.
Otras propuestas: revisión de las relaciones con la UE y los socios internacionales en materia migratoria; mayor control del gasto público; límites constitucionales a la presión fiscal y a la deuda pública.
Cuáles son las principales diferencias

La principal línea divisoria no se encuentra únicamente entre partidos de izquierda y de derecha, sino también entre distintas concepciones del papel que debe desempeñar el Estado.
En materia de vivienda, PP y VOX apuestan por derogar la legislación vigente, introducir incentivos fiscales y facilitar la compra de viviendas. El PSOE propone combinar la construcción de vivienda pública con la regulación de los alquileres. Frente Amplio defiende una ampliación a gran escala del parque público de viviendas y mayores restricciones al mercado. SALF promete reducir considerablemente el coste de la primera vivienda mediante ventajas fiscales.
En economía e impuestos, PP, VOX y, especialmente, SALF proponen reducir la carga fiscal. El PSOE y Frente Amplio ponen el acento en una mayor tributación de las grandes fortunas y en la financiación de programas sociales.
En política migratoria, las posiciones son especialmente divergentes: el PSOE y Frente Amplio destacan las vías legales de migración y la integración, mientras que el PP propone limitar las regularizaciones masivas y VOX y SALF plantean endurecer considerablemente las normas de entrada, permanencia y expulsión de inmigrantes.
En política social, el PSOE y Frente Amplio proponen ampliar las garantías públicas y la financiación de los servicios sociales. El PP mantiene la vinculación de las pensiones a la inflación, pero pone el acento en los incentivos fiscales y el apoyo a las familias. SALF propone transformar sustancialmente el sistema de pensiones mediante la introducción de cuentas individuales de capitalización.
En cuanto a la organización del Estado y la seguridad, las diferencias más visibles se encuentran entre quienes defienden un Estado más centralizado —especialmente VOX— y los partidos que apuestan por ampliar los mecanismos de gestión social y territorial. SALF, por su parte, propone una reducción drástica del aparato administrativo.
Así pues, las elecciones del 29 de noviembre no son simplemente una elección entre partidos, sino entre distintos modelos de desarrollo para España: desde la reducción de impuestos y del aparato administrativo hasta una mayor intervención del Estado en la economía y en los servicios sociales.


