La provincia refuerza su dependencia del agua desalada: volúmenes, inversiones y nuevas tecnologías

En 2026, la provincia de Alicante y la comarca de la Vega Baja del Segura incrementan de forma notable el peso del agua desalada dentro de su sistema de abastecimiento. Este aumento se produce gracias a la redistribución del recurso a través de nodos de trasvase y al mayor uso de las plantas desaladoras del litoral mediterráneo.

Según estimaciones de los servicios hidrológicos, durante el año se suministrarán entre 180 y 200 millones de metros cúbicos de agua desalada, lo que supone un incremento del 30–40 % respecto a la media de los últimos ejercicios. Un papel clave lo desempeña la desaladora de Torrevieja, una de las mayores de Europa, cuya capacidad alcanza hasta 120 millones de metros cúbicos anuales tras su proceso de modernización.

Las autoridades reconocen que, en determinados meses, hasta el 60–70 % del agua utilizada para abastecimiento urbano y riego en la Vega Baja tendrá origen desalado. Este cambio responde a la reducción de los aportes del trasvase Tajo-Segura, así como a la persistencia de la sequía y al impacto del cambio climático.

Para adaptar la infraestructura a estos nuevos volúmenes, se ha aprobado un paquete de inversiones superior a los 350 millones de euros hasta 2027. Los fondos se destinan a la ampliación de las plantas desaladoras, estaciones de bombeo, nuevas conducciones, depósitos de regulación y a la mejora de la eficiencia energética del sistema. Los proyectos se desarrollan con la participación de la empresa pública ACUAMED y con apoyo de fondos europeos.

Desde la administración autonómica se subraya que el aumento del uso de agua desalada es una medida obligada y estratégica, ya que el modelo tradicional basado en precipitaciones y trasvases ya no garantiza la seguridad hídrica en años de sequía extrema.

Las organizaciones agrarias de la Vega Baja reconocen que sin el agua desalada la agricultura del territorio estaría en una situación crítica. No obstante, advierten sobre el elevado coste del recurso, que puede situarse entre 0,55 y 0,70 euros por metro cúbico, muy por encima de las fuentes convencionales. Por ello, reclaman el mantenimiento de ayudas y mecanismos de compensación para preservar la viabilidad económica de las explotaciones.

Paralelamente, España está incorporando tecnologías de desalación de nueva generación, como sistemas de ósmosis inversa con recuperación energética —capaces de reducir el consumo eléctrico hasta en un 30 %—, membranas avanzadas de mayor durabilidad y proyectos piloto de desalación alimentados con energía solar. Estas soluciones ya se aplican en territorios con déficit hídrico estructural como Alicante, Murcia y Almería.

Según los organismos hidrológicos, el déficit persistente de agua dulce ya afecta a áreas urbanas y metropolitanas como Barcelona y parte de Cataluña, Valencia, Málaga y el sureste peninsular. En muchos de estos casos, la desalación ha dejado de ser una medida de emergencia para convertirse en un pilar estructural del balance hídrico.

Los expertos coinciden en que la dependencia del agua desalada seguirá aumentando en las regiones costeras. La sostenibilidad a largo plazo solo será posible combinando innovación tecnológica, modernización de redes, reducción de pérdidas y una política tarifaria equilibrada. Para La Vega Baja, 2026 marca un punto de inflexión: la desalación pasa definitivamente a ser la base de su seguridad hídrica.