«Pagamos el tratamiento de nuestros hijos y la clínica cerró»: la crisis dental de Oralis llega a Almoradí

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Cientos de pacientes de Elche y Almoradí se han quedado con tratamientos dentales sin terminar tras el cierre repentino de dos clínicas. Entre los afectados hay familias que habían pagado por adelantado la ortodoncia de sus hijos. En Elche, los pacientes se han organizado en un grupo de WhatsApp con más de 660 miembros. Ahora intentan conseguir sus historiales médicos, aclarar la situación de los créditos y saber quién continuará los tratamientos.

Para algunas familias, todo comenzó esperando una cita rutinaria. Un niño lleva brackets, el tratamiento se prolonga desde hace varios años, los pagos ya se han realizado y está prevista una nueva revisión. Pero, en lugar de encontrar al especialista, los padres se toparon con la clínica cerrada y un aviso de suspensión de actividad.

Esta es la situación a la que se enfrentan los pacientes de los centros dentales Oralis de Elche y Almoradí. El cierre de ambas clínicas forma parte de una crisis más amplia del grupo Aestes, propietario de las redes Oralis y Vivanta.

La cuestión ya no es solo quién devolverá el dinero por los servicios no prestados. Para muchas familias hay preguntas más urgentes: quién terminará los tratamientos de sus hijos, dónde conseguir las radiografías y la documentación médica, y quién se hará cargo de unos pacientes que no pueden limitarse a interrumpir una terapia ya iniciada.

Más de 660 personas se han organizado tras el cierre de la clínica

Uno de los episodios más significativos se ha producido en Elche. Según informó Radio Elche Cadena SER el 28 de octubre, los pacientes afectados crearon un grupo de WhatsApp que ya contaba con más de 660 participantes. Los usuarios intercambian información y documentos y estudian la posibilidad de emprender acciones legales conjuntas.

Los testimonios de varias familias muestran las distintas consecuencias económicas y médicas del cierre.

Paqui Juan Campello explicó que su hijo recibía tratamiento de ortodoncia desde 2023. La familia ya había pagado el tratamiento, pero el menor seguía acudiendo a revisiones mensuales. La siguiente cita estaba prevista para el 9 de noviembre. La madre se enteró del cierre a través de las redes sociales.

Ana Vanesa Ferrández contó que su hija lleva brackets desde antes de la pandemia. Aunque el tratamiento, valorado en unos 2.900 euros, estaba pagado, todavía no le habían retirado la aparatología. Ahora la familia tendrá que buscar otro especialista y quizá volver a pagar para completar el procedimiento.

María Jesús Gómez explicó que su hija, de nueve años, se ha quedado con la primera fase del tratamiento de ortodoncia sin terminar, pese a que la familia había abonado 1.500 euros. Según su testimonio, todavía no ha conseguido el historial médico de la niña. Otras clínicas también le han advertido de las posibles dificultades para continuar un tratamiento iniciado en otro centro.

La situación de la familia de Natalia Antón es especialmente complicada. Según explicó, a principios de septiembre pagó 3.080 euros para iniciar un nuevo tratamiento de ortodoncia a su hijo. En total, calcula que los gastos de los tratamientos de sus dos hijos se acercan a los 5.000 euros.

Estos relatos son testimonios de las propias pacientes y no constituyen una verificación independiente de todos los pagos y contratos.

Por qué cerraron las clínicas: la versión del doctor Follana

El 30 de octubre, el doctor Mariano Follana hizo pública una explicación sobre lo ocurrido. Afirmó que ya no es propietario de las clínicas de Elche y Almoradí y que, según su versión, los centros fueron vendidos a sociedades pertenecientes al grupo Aestes.

Follana sostiene que, después de la venta, continuó trabajando en las clínicas, pero dejó de tener responsabilidades de gestión y capacidad de decisión sobre su actividad. Según su declaración, la decisión de cerrar los centros fue adoptada por la administración concursal.

El odontólogo también aseguró que intentó hasta el último momento evitar el cierre y que pidió al administrador concursal que garantizara la continuidad de los tratamientos y facilitara a los pacientes el acceso a sus historiales médicos.

Follana relaciona lo sucedido con la crisis financiera del grupo Aestes, que, según sus declaraciones, afecta a más de un centenar de clínicas dentales en España.

Una de las posibles salidas a la crisis era la venta de 61 centros. Según la información expuesta por Follana, la propuesta contemplaba mantener 656 puestos de trabajo y completar los tratamientos de más de 30.000 pacientes. Sin embargo, la operación no salió adelante por discrepancias sobre quién debía devolver los 40 millones de euros de ayudas públicas concedidas al grupo.

Toda esta información recoge la versión del propio Follana. Para conocer el alcance completo de la situación es necesario contar con la respuesta de la administración concursal y consultar la documentación oficial del procedimiento.

¿Quién se hace cargo ahora de los pacientes?

Actualmente, la página web oficial de Oralis publica un aviso sobre la suspensión temporal de la actividad asistencial. La empresa reconoce que no dispone de medios para prestar atención odontológica y recomienda a los pacientes con dolor, inflamación, infección o sangrado que acudan a otros profesionales sanitarios.

Sin embargo, el aviso no responde a las preguntas principales: quién garantizará la continuidad de los tratamientos de ortodoncia, quién facilitará la documentación médica y cómo se resolverán los servicios que ya se han pagado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a los afectados que no retrasen la presentación de reclamaciones. Recomienda conservar todos los contratos, facturas, presupuestos, justificantes de pago y comunicaciones con la clínica.

La reclamación debe dirigirse por escrito a la propia empresa y solicitar el historial médico, así como información sobre los procedimientos ya realizados y los que siguen pendientes. Si la clínica está cerrada, la reclamación puede enviarse al domicilio social de la empresa.

Si el tratamiento se financió mediante un crédito específico, también es necesario dirigirse por escrito a la entidad financiera. La OCU señala que, cuando el servicio contratado no se ha prestado, el consumidor puede tener motivos para solicitar la resolución de la situación y la cancelación del crédito vinculado. Es importante presentar una reclamación formal y no limitarse a dejar de pagar las cuotas.

En caso de insolvencia de la empresa, las reclamaciones para recuperar el dinero deben dirigirse a la administración concursal. No obstante, la OCU advierte de que recuperar directamente las cantidades abonadas a la clínica puede resultar difícil, ya que los consumidores no suelen tener prioridad frente a otros acreedores.

Qué deben hacer los pacientes de Almoradí

Para los vecinos de Almoradí, estos son algunos de los pasos prácticos más importantes:

Reunir todos los contratos, presupuestos, facturas, extractos bancarios y justificantes de pago.
Solicitar una copia completa del historial médico, incluidas radiografías, fotografías, planes de tratamiento e información sobre los procedimientos realizados.
Pedir a un nuevo odontólogo una evaluación independiente del estado actual y un plan para continuar el tratamiento con seguridad.
Si el tratamiento se financió mediante un crédito, presentar una reclamación específica ante la entidad financiera.
Acudir a la OMIC —Oficina Municipal de Información al Consumidor— o al servicio correspondiente de la Generalitat Valenciana.

Las familias con menores que siguen tratamientos de ortodoncia necesitan una atención especial. Aunque la cuestión económica tarde en resolverse, la asistencia médica no debe aplazarse por el conflicto entre la empresa y sus acreedores.

Una historia que todavía no ha terminado

El caso de Oralis demuestra hasta qué punto puede quedar desprotegido un paciente cuando paga por adelantado un tratamiento costoso y el servicio depende de una empresa que atraviesa una grave crisis financiera.

Por ahora, se desconoce cuántos vecinos de Almoradí se han visto afectados, cuánto dinero pueden haber perdido y si será posible encontrar un centro dental que asuma los tratamientos que han quedado sin terminar.

Para las familias, la prioridad inmediata es conseguir la documentación médica y garantizar la continuidad de la atención. La recuperación del dinero es un problema distinto, que puede requerir un procedimiento largo.